“No estamos pidiendo nada al otro campo porque ellos saben cuales son sus obligaciones. Hemos presentado lo que tenemos y los que escucharon y están escuchando deben entender lo que quieren”, dijo el líder del grupo parlamentario Lealtad a la Resistencia, Mohamad Raad, al final de una conferencia de prensa el miércoles relativa al Tribunal Especial para Líbano (TEL), sus violaciones de la Constitución libanesa y su politización.
En su introducción, Raad subrayó que el TEL no respetaba los “más altos principios de la justicia penal”, tal y como estipulaba su mandato. Él citó varias violaciones de dichos principios para apoyar y probar su afirmación.
“El TEL ha violado la Constitución libanesa al ser establecido con desprecio a los procedimientos establecidos en la misma y a la voluntad e intereses del pueblo libanés; ha repudiado su propia jurisdicción para juzgar a falsos testigos, ha violado la confidencialidad de la investigación; ha alterado sus propias normas procedimentales; ha traspasado su propio mandato al pedir datos de telecomunicaciones de toda la población libanesa y actualizarlos regularmente, exponiendo así al país ante varios servicios de inteligencia y finalmente ha declarado que el acta de acusación estará basada en evidencias circunstanciales que carecen de valor sustancial,” explicó Raad.
Él también dijo que el TEL buscaba establecer un tipo de “tutela internacional” sobre “Líbano, su estabilidad, seguridad y soberanía”.
La creación del tribunal, añadió el diputado, “supuso una clara circunvención de la ley libanesa y una violación de la soberanía del país. Hubo en este sentido un apoyo de la así llamada “comunidad internacional” al entonces gobierno inconstitucional (de Fuad Saniora) para que éste llevara a cabo un hecho consumado, todo ello al servicio de unos intereses políticos superiores”.
Junto a Raad estuvo el Dr. Yreissati, un juez libanés y antiguo miembro del Consejo Constitucional Libanés. El Dr. Yreissati explicó los fallos y deficiencias legales y constitucionales del TEL.
I- LA VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN LIBANESA
El acuerdo entre la ONU y el Estado de Líbano es un tratado internacional que requiere la firma del presidente de la República y la aprobación del Parlamento. Sin embargo, éste no fue el caso del TEL.
“El establecimiento del Tribunal a través de la Resolución 1757 violó la autoridad y competencias del presidente de la República (Emil Lahud) y la Constitución de Líbano. Se basó en una declaración del gobierno de Fuad Saniora que afirmaba que la mayoría del Parlamento apoyaba el Tribunal. Ésta fue una falsificación sustancial porque el Parlamento nunca se reunió ni votó,” dijo Yreissati.
II- FALSOS TESTIGOS
Raad destacó como el TEL repudió su propia jurisdicción para procesar a los falsos testigos a sabiendas de que el “art. 28 de la Resolución 1757 estipula que el tribunal adoptará los más altos principios con respecto a la justicia penal”. Raad acusó al equipo legal de Bellemare de buscar opiniones legales para justificar la negativa del tribunal a enjuiciar a los falsos testigos en lugar de “buscar justificaciones legales para procesarles”.
Por su parte, el juez Yreissati confirmó que el TEL había eliminado deliberadamente los testimonios de los falsos testigos “bajo el pretexto de haber sido prestados antes de que las normas procedimentales del TEL hubieran entrado en vigor”.
Cabe mecionar que los falsos testigos pusieron el país al borde de la guerra civil y su testimonio llevó al encarcelamiento durante cuatro años de cuatro altos generales de organismos de seguridad libaneses bajo el cargo de estar implicados en el asesinato de Hariri, alegaciones éstas que al final demostraron carecer de base.
III- CONFIDENCIALIDAD
“El violar la confidencialidad de la investigación anula la prueba,” dijo el Dr. Yreissati después de que Raad pusiera de manifiesto las filtraciones a la prensa de detalles concernientes a la investigación.
“Hubo filtraciones al periódico kuwaití Assiyassa el 21 de mayo de 2005; al periódico Le Figaro el 19 de agosto de 2006; de nuevo a Assiyassa el 28 de marzo de 2009; a la revista alemana Der Spiegel el 23 de mayo de 2009; al sitio saudí Elaph el 8 de julio de 2009; a Le Monde de Francia el 14 de febrero de 2010; y más recientemente en la cadena de televisión canadiense CDC; y todos estos medios parecen haber obtenido sus informaciones de fuentes cercanas a
El diputado de Hezbola concluyó, pues, que las filtraciones fueron intencionalmente realizadas por los miembros del equipo de investigación internacional con el propósito de fabricar mentiras y calumniar a la Resistencia, con independencia del momento de publicación del acta de acusación y de su contenido. “Esto demuestra también que el TEL no ha observado los más altos principios de la justicia penal”.
IX- SOSPECHAS RELATIVAS A LAS NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS
Raad señaló que el mandato del TEL “que fue impuesto a Líbano en base a la Resolución 1757 y bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU otorga a los jueces del TEL la libertad para alterar las normas sobre procedimientos y pruebas siempre que les plazca. “Esto contradice el principio de seguridad jurídica. Las enmiendas, según el art. 5 de las Normas de Procedimientos y Pruebas, pueden ser aprobadas con el voto de 7 de los 11 jueces, dejando marginada aquí a la parte libanesa, ya que el número de jueces libaneses es sólo de cuatro, lo que les incapacita para imponer o impedir cualesquiera cambios procedimentales.”
X - PETICIÓN Y CONSTANTE ACTUALIZACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LAS TELECOMUNICACIONES
El Dr. Yreissati apoyó los comentarios de Raad añadiendo que “las sospechas comienzan cuando los jueces del tribunal fijan sus propias normas sobre procedimientos y pruebas y luego las cambian”.
“Las normas procedimentales del TEL permiten a los investigadores interrogar a los testigos de una forma secreta sin que estén presenten los representantes de la fiscalía y la defensa. También otorgan al tribunal el derecho a reservarse cierta información secreta por motivos de seguridad. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Qué ocurre si la Inteligencia israelí fuera la fuente de información?”
Raad también reveló que la Oficina del Fiscal General ha estado pidiendo los datos completos de telecomunicaciones a varios organismos oficiales y de seguridad de Líbano. “El objetivo es la red de telefonía móvil, que es constantemente actualizada, y los mensajes de texto de una amplia sección de la población libanesa. ¿Qué necesidad tienen de estos datos de toda la población libanesa que se remontan hasta 2003 y no acaban hasta 2010, cinco años después del asesinato? Éste es un tema extremadamente peligroso porque el equipo del fiscal general incluye personas de distintas nacionalidades, incluyendo norteamericanos, británicos, alemanes, franceses, australianos, pakistaníes y kazajos. Esto significa que no se sabe quién se está aprovechando realmente de estos datos”.
El pasado mes, el ministro de Telecomunicaciones libanés, Shartil Nahhas, celebró una larga conferencia de prensa y allí explicó, con detalles técnicos y gráficos, como el sector de telecomunicación libanés ha estado bajo el control de Israel durante años. Al menos tres agentes del Mossad israelí que trabajaban en el sector de las telecomunicaciones han sido detenidos por las fuerzas de seguridad y admitieron haber facilitado a Israel el pleno control del mismo, incluyendo la clonación de números de teléfonos móviles y la manipulación de las llamadas telefónicas y los mensajes de texto.
“No hay nada absolutamente en los memorandos firmados con el TEL que imponga al gobierno libanés la entrega de datos de telecomunicaciones al tribunal”, dijo el juez Yreissati.
XI- LA ADOPCIÓN DE LAS PRUEBAS CIRCUNSTANCIALES
El Dr. Yeissaati subrayó que las pruebas directas son las más creíbles ante cualquier tribunal y que este hecho está plenamente en línea con los altos principios de la justicia penal.
“Los datos de las telecomunicaciones están considerados circunstanciales y pueden ser refutados,” dijo.
“Según el presidente del TEL, Antonio Cassese, las pruebas directas o sólidas no están normalmente disponibles en los casos relativos al terrorismo, ya que son difíciles de encontrar. Ésta fue también la opinión de Bellemare. Esta tendencia ha hecho de Líbano, que no ha tenido estabilidad interna desde 2005, un gran campo de experimentación y de aplicación de herejías legales”.
“En el sistema del que provengo, las pruebas circunstanciales son un número de pequeños hechos que, cuando los miras por sí solos podrían no significar nada. Sin embargo, cuando los pones juntos, entonces todo el escenario se convierte en irrefutable. Yo creo firmemente que las pruebas circunstanciales son más poderosas que las directas,” dijo Daniel Bellemare al sitio Now Lebanon el 31 de agosto de 2010.
Hace dos meses, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, presentó unas imágenes que probaban que aparatos no tripulados israelíes vigilaron en diferentes ocasiones el lugar donde Hariri iba a ser asesinado. Israel reconoció la autenticidad de las imágenes.
Sin embargo, “Bellemare dijo en una declaración el 24 de agosto de 2010 que las evidencias de Hezbollah acerca de la posible implicación de Israel en el asesinato de Hariri estaban “incompletas”. Esto prueba que la investigación internacional ha utilizado las pruebas circunstanciales de una manera muy selectiva y, en consecuencia, ha ignorado los altos principios de la justicia penal,” dijo Raad.
XII- EL NULO VALOR DE LAS PRUEBAS DE LAS TELECOMUNICACIONES
“Varios círculos internacionales han confirmado que la prueba de las telecomunicaciones constituye el pilar en que se basará el próximo acta de acusación y esto explica la persistencia del TEL en defender las pruebas circunstanciales”, dijo Raad.
Por su parte, el juez Yreissati explicó que las pruebas circunstanciales de este tipo podían ser sometidas a falsificaciones que las convertían en nulas desde el punto de vista legal.
Raad concluyó la conferencia de prensa diciendo: “Un tribunal politizado que no está comprometido con los altos principios que se manejan en la justicia penal, que ha transgredido la Constitución libanesa, que ha sido establecido para favorecer a intereses internacionales muy concretos, que ha repudiado su propia jurisdicción al negarse a juzgar a falsos testigos, que ha roto la confidencialidad de la investigación, que ha cambiado de forma sospechosa sus normas sobre procedimientos y pruebas, que ha traspasado su mandato al buscar datos confidenciales sobre las telecomunicaciones libanesas y que ha adoptado pruebas circunstanciales incompletas como base de su acusación no es un tribunal del que quepa esperar justicia”.
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